Un sondeo difundido este jueves 15 de octubre por el Centro de Investigaciones Sociológicas indica que el setenta por ciento de los ciudadanos piensa que los menores actuales tendrán peores condiciones de vida que sus padres al llegar a la adultez. En contraste, apenas un dieciséis por ciento de los encuestados sostiene que las futuras generaciones vivirán mejor.
La investigación se basó en 6.028 entrevistas a personas mayores de dieciocho años en todo el territorio español durante el periodo en que ocurrió el desahucio de Maricarmen. El trabajo detalla que un setenta y tres por ciento de la población opina que la pobreza infantil puede mitigarse con compromisos políticos de todos los niveles del Estado, mediante prestaciones económicas, becas de comedor o evitando desahucios.
En cuanto a las principales dificultades de la infancia, el diecinueve por ciento menciona la adicción a pantallas, videojuegos y móviles, mientras que el die7 por ciento apunta a la falta de educación y valores junto al uso excesivo de redes sociales en la adolescencia. A estas problemáticas se suman la carencia de valores, la falta de atención familiar y las fallas en el sistema educativo.
Más de la mitad de los participantes cree que los jóvenes sufren mayor sobreprotección de familiares y colegios en comparación con dos décadas atrás. La familia encabeza la lista de instituciones protectoras según la percepción ciudadana, seguida por la escuela, aunque cerca del cuarenta por ciento considera que las administraciones públicas se preocupan poco o nada por la niñez y la adolescencia.
Los adultos encuestados remarcaron la importancia de transmitir respeto, empatía y responsabilidad a los menores, y casi la totalidad coincidió en que los padres deben compartir tiempo de ocio familiar. Asimismo, aconsejaron alertar a los jóvenes sobre riesgos como el abuso tecnológico y el consumo de drogas, con un setenta y seis por ciento que fija en los quince años la edad adecuada para que los menores decidan sobre el uso de pantallas.
El relevamiento destaca la función de los centros educativos en la advertencia de riesgos, con la mitad de los consultados evaluando esta atención como bastante o muy buena. Sin embargo, el cuarenta y ocho coma cinco por ciento lamenta una escasa adaptación de los espacios para alumnos con necesidades educativas especiales.
El acoso escolar genera reparos en el sesenta y cuatro por ciento de los consultados respecto a la respuesta de los colegios, mientras que la mitad cuestiona la existencia de espacios seguros. Las principales inquietudes sobre este flagelo se centran en los testigos que ignoran la situación y en las dificultades de la víctima para comunicarlo.
Casi la mitad de los encuestados afirmó haber sufrido insultos, humillaciones o sensaciones de inutilidad durante su juventud, y tres de cada diez admitieron haber sido ignorados. Además, el cuarenta y nueve por ciento recordó haber recibido castigos físicos con golpes y el treinta y dos por ciento reconoció empujones u objetos arrojados, cifras que se reducen al veintiséis por ciento entre menores de cuarenta años.
En el plano de las relaciones actuales, el diez coma cinco por ciento de los consultados indicó que su pareja controla sus movimientos y ubicación. Finalmente, el veintinueve por ciento identificó al abuso o la violencia doméstica como el factor principal de vulnerabilidad infantil, antecediendo al acoso escolar, las discapacidades y la pobreza extrema, en un sondeo cuyos antecedentes databan de 2005.