A una década de cumplirse el histórico entendimiento entre el Ejecutivo colombiano y la antigua guerrilla, el exjefe negociador Humberto de la Calle reflexionó sobre el proceso y planteó una pregunta central al evaluar el impacto de lo logrado:
«¿Estaríamos mejor con 13.000 señores más combatiendo?», se preguntó. De la Calle reconoció las deficiencias en la puesta en marcha del pacto, pero destacó como un hito fundamental el desarme de esa cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua del país.
El exfuncionario, autor del libro 'La democracia fatigada', sostuvo que si los insurgentes continuaran en armas, el escenario de violencia actual en el país sería todavía más complejo debido al descontrol territorial y las diversas formas de confrontación. Al mismo tiempo, reconoció los cuestionamientos de los sectores críticos que sostienen que los líderes de la exguerrilla deberían haber recibido condenas de sesenta años de prisión por delitos imperdonables.
Sobre este punto, argumentó que si bien casi nadie respaldaría una amnistía total para los máximos responsables, el proceso requirió conciliar distintas posturas para alcanzar el objetivo principal de la desmovilización. El Gobierno colombiano y las FARC concretaron la firma el 24 de noviembre de 2016 para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado interno.
En cuanto a la ejecución de lo pactado, De la Calle advirtió que la implementación «ha estado por debajo del nivel que se esperaba en todos los gobiernos» posteriores. Señaló que Iván Duque llegó al poder basando parte de su campaña en el rechazo al entendimiento, aunque le reconoció haber respaldado ciertos elementos vinculados a los planes de desarrollo con enfoque territorial.
Por otra parte, calificó como una «gran sorpresa» la gestión del mandatario Gustavo Petro, quien había prometido cumplir estrictamente el pacto pero, según su perspectiva, ocurrió lo opuesto al priorizar su política de «paz total» con diversos grupos armados y apartarse con rapidez de lo acordado en 2016.
Finalmente, alertó que bajo la actual gestión del presidente Abelardo de la Espriella se está procediendo a «desmontar incluso la institucionalidad» creada para dar cumplimiento a lo firmado. Para De la Calle, esta situación resulta peligrosa para las regiones del país, por lo que sugirió aislar los aspectos ideológicos más resistidos y rescatar las medidas concretas y útiles para la nación.