Diversos activistas salvadoreños señalaron que la iniciativa del presidente Nayib Bukele de otorgar libertad condicional a colaboradores de grupos criminales, que alcanzaría aproximadamente a la mitad de los detenidos bajo el régimen de excepción, representa una admisión implícita de fallas en las aprehensiones masivas. La medida fue mencionada por el mandatario al referirse a un plan de liberación anticipada para quienes colaboraron con las pandillas, aunque no especificó si estas personas requerirían una condena previa de un juez.
El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 suspende garantías constitucionales y acumula al menos 93.162 arrestos. Organizaciones humanitarias sostienen desde hace tiempo que numerosas detenciones correspondieron a jóvenes vulnerables sin nexos criminales, mientras que el jefe de Estado indicó que se evaluará a quienes vivieron bajo el control de las estructuras delictivas al distinguir entre quienes aplicaban dicho dominio y los sobrevivientes de esa dinámica.
Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, manifestó que el Ejecutivo admite su error de manera velada mediante un discurso confuso que evita utilizar la palabra inocentes y prefiere el término colaboradores. Por su parte, la abogada Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario, consideró que el anuncio evidencia una incapacidad institucional frente a las detenciones masivas en los centros penales.
Escobar, quien debió abandonar el país por su labor de activismo, denunció que gran parte de los detenidos durante los últimos cuatro años sufrieron arrestos arbitrarios, negación del debido proceso y vulneraciones a su integridad física y moral. Asimismo, recordó que informes previos de la administración estadounidense de Joe Biden sugirieron considerar a los colaboradores forzosos como víctimas de las maras y no como victimarios.