Un estudio elaborado por el constitucionalista Alfonso Santiago, de la Universidad Austral, advierte sobre la existencia de 266 cargos vacantes en el Poder Judicial de la Nación. Del total de puestos sin cubrir, 159 están en el Consejo de la Magistratura, 77 en el Poder Ejecutivo y 30 en el Senado, mientras que en el organismo evaluador hay además 75 concursos en trámite.
Frente a esta situación, el especialista presentó un informe que reúne cuatro propuestas orientadas a mejorar la selección de magistrados y reducir las demoras. El primer eje apunta a implementar concursos anticipados que puedan iniciarse antes de que se produzca la vacante, sumar un legajo digital y auditable, y limitar la discrecionalidad en las entrevistas personales a un máximo de 20 puntos sobre 200.
El proyecto también incluye un examen técnico en dos etapas que garantice el anonimato de los postulantes y fija reglas objetivas para conformar las ternas. Sobre este punto, el letrado afirmó: "Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales".
Como segunda iniciativa, el informe propone medir el impacto real de las reformas procesales implementadas en los últimos años para determinar si verdaderamente aceleraron los juicios. La propuesta consiste en comparar los tiempos de los procesos antes y después de los cambios normativos para definir qué prácticas deben mantenerse.
La tercera medida apunta a establecer un sistema de evaluación periódica del desempeño de los jueces una vez nombrados. El abogado destacó que existen juzgados con iguales recursos que muestran resultados diferentes en eficiencia, por lo que evaluar esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y exigir cuentas ante superiores, abogados y la sociedad.
Finalmente, el cuarto punto destaca la oportunidad que representan las próximas elecciones de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura para debatir la transparencia y la eficiencia judicial. El académico sostuvo que estas modificaciones institucionales deben complementarse con cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y en el liderazgo de sus autoridades.