El Poder Ejecutivo nacional aprobó mediante un decreto de necesidad y urgencia el desplazamiento de personal y equipamiento militar fuera del territorio nacional. La autorización corresponde al ejercicio combinado ARANDÚ 2026, que se llevará a cabo en Brasil entre el 10 y el 17 de octubre próximos.
La decisión quedó formalizada en el DNU 1157/2026, el cual lleva la firma del presidente Javier Milei junto a todos los ministros, y fue difundido este viernes en el Boletín Oficial. Las prácticas militares se desarrollarán en el predio de instrucción Barão de São Borja, situado en la localidad de Rosario do Sul.
El texto normativo establece la intervención de un máximo de 405 efectivos nacionales y hasta 99 móviles, lo que incluye diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8×8. Por parte del país anfitrión, se estima la participación de hasta 1.100 uniformados.
El texto oficial calcula que el costo estimado de la misión para la Argentina alcanza los $247.928.911. Los fondos saldrán de las partidas correspondientes al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto de la cartera de Defensa.
El entrenamiento tiene como finalidad afianzar lazos de cooperación entre los dos ejércitos y establecer procedimientos compartidos para la operación conjunta de sus unidades. El operativo abarca fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación.
En los considerandos, la administración nacional indicó que la iniciativa legislativa para avalar los ejercicios combinados programados entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 aún no fue tratada en la Cámara baja. Bajo este argumento, la gestión consideró que la urgencia imposibilitaba aguardar el recorrido parlamentario habitual.
Las maniobras contemplan un escenario simulado de defensa de puntos clave y evaluarán en el terreno las tácticas practicadas mediante simulación durante el año 2025. La agenda comprende movimientos de vehículos de combate, operaciones de paracaidistas, asaltos aéreos y prácticas tanto diurnas como nocturnas.
La normativa comenzó a regir desde el momento de su publicación y estableció la obligación de notificar a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene la función de revisar los decretos de necesidad y urgencia.