El Poder Ejecutivo nacional presentó una apelación contra la resolución judicial que había determinado la inconstitucionalidad del decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario, medida que exigía su acatamiento.
La presentación estuvo a cargo del Ministerio de Capital Humano y objetó la resolución dictada por el magistrado Martín Cormick, la cual había anulado el Decreto 759/2025 al advertir un perjuicio irreparable.
Desde la gestión nacional argumentaron que el fallo genera perjuicios concretos y de relevante gravedad institucional, debido a que exige ejecutar la normativa a partir de un criterio fragmentario y arbitrario sobre el presupuesto, sin contemplar de manera adecuada los argumentos presentados por el Estado.
Asimismo, advirtieron que la aplicación de la ley genera consecuencias presupuestarias significativas que afectan el equilibrio fiscal, al señalar que la norma carece de una fuente de financiamiento específica y suficiente.