
El mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue cuestionado el 30 de septiembre por el diputado nacional Martín Ardohain debido a descuentos de entre $17.000 y $30.000 aplicados sobre los salarios de trabajadores estatales no afiliados en concepto de cuota solidaria. El legislador cuestionó al mandatario mediante una publicación en redes sociales al rechazar que la administración provincial autorizara la quita a empleados que no forman parte de los gremios. La controversia trascendió luego de que se acreditaran los haberes de septiembre el martes 29.
La deducción equivale al 1,5 por ciento de los conceptos remunerativos, por lo que la base de cálculo no abarca la totalidad del sueldo de bolsillo y los importes cambian según el escalafón y la categoría. Estas sumas oscilan entre los $17.000 para las categorías más bajas de la Ley 643 y llegan a cerca de $30.000 en los rangos superiores. La retención se relaciona con lo acordado en la paritaria de agosto, cuyos fondos tienen destino sindical y se reparten entre las entidades de acuerdo con la cantidad de afiliados que registra cada una, mientras la Provincia efectúa el cobro en la liquidación de haberes y los gremios reciben el dinero.
El Gobierno provincial justificó su rol como agente de retención al argumentar que el pedido fue efectuado por los sindicatos y se amparó en la Ley Provincial 2702, que reglamenta las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública local. Por su parte, los gremios defendieron el aporte al argumentar que los beneficios de la negociación paritaria alcanzan a la totalidad de los agentes. Como muestra de ello, indicaron que las mejoras en los salarios y las licencias conseguidas en el sector de Salud comprenden a todo el personal, a pesar de que solo un sector forma parte de las asociaciones.
Frente a este esquema, Ardohain criticó que se financiara la solidaridad mediante quitas a trabajadores que optaron por no afiliarse, transformando el descontento manifestado por el personal al verificar sus recibos de sueldo en un reclamo político hacia el gobernador.
