En el contexto de la política de ajuste del gasto público impulsada por el Gobierno, los 24 distritos provinciales asignan en conjunto $1.835.300 millones para el funcionamiento de sus legislaturas. Con un total de 1.199 diputados y senadores en todo el país, el promedio de gasto se ubica en $1.531 millones anuales por cada legislador, lo que equivale a unos $128 millones mensuales.
Un informe elaborado por la Fundación Libertad advierte que los recursos destinados a esta función son elevados tanto al compararlos con otras partidas presupuestarias como con parámetros internacionales. El documento también señala una desproporción al relacionar el nivel de gasto con la cantidad y la calidad de los proyectos presentados y aprobados.
Tucumán encabeza el listado con un costo de $3.725 millones por cada uno de sus 49 legisladores, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con $3.402 millones por legislador y Chaco con $3.057 millones. En el otro extremo, San Luis y Santiago del Estero registran las menores erogaciones anuales, con $176 millones y $206 millones por legislador respectivamente.
En total, el gasto destinado a los poderes legislativos provinciales representa el 1,15% de los presupuestos subnacionales. Tucumán con el 3,66%, Catamarca con el 2,64% y Chaco con el 2,22% son las jurisdicciones que concentran los mayores porcentajes.
El presupuesto legislativo incluye no sólo a los diputados y senadores sino también a secretarios, asesores y demás personal permanente y transitorio. Casi el 85% del gasto se destina a personal, con provincias como Río Negro, Formosa, Mendoza y Santa Cruz con los ratios más altos, y Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires con los más bajos.
Respecto a la cantidad de empleados por representante, Corrientes encabeza el registro con 72 empleados por legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62. En contraste, San Luis con 2, Santiago del Estero con 5 y Córdoba con 8 se ubican por debajo de los diez empleados por cada banca.
Desde la Fundación señalaron que en el marco del proceso de reducción y ordenamiento del gasto público impulsado por la actual gestión, el Poder Legislativo no debería quedar al margen. Quienes integran las cámaras provinciales tienen la responsabilidad de promover y encabezar esta transformación, dando respuesta a una demanda de mayor austeridad y eficiencia ampliamente extendida en la sociedad.