Los bloques opositores negocian contrarreloj un dictamen unificado sobre el proyecto para frenar la morosidad y los abusos del sistema de créditos. Compiten así con el oficialismo, que intenta sumar aliados mediante una propuesta propia. Desde fuentes de la comisión de Finanzas del oficialismo señalaron sobre su iniciativa: "Lo estamos haciendo con aliados". El plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se reunirá el próximo martes para debatir el tema, de acuerdo al emplazamiento aprobado en la sesión del pasado 26 de agosto.
En aquella votación confluyeron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores aliados al Gobierno como Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia y la diputada Karina Maureira. Tras diversas tratativas, Unión por la Patria acordó una redacción interna y la compartió con los referentes de estos espacios. Si bien algunas bancadas no integran las comisiones convocadas para el martes, sus avales resultarán fundamentales en una eventual votación en el recinto.
Un diputado de Unión por la Patria e impulsor de una de las iniciativas indicó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas: "Estamos negociando con todos los que votaron el emplazamiento". A su vez, el legislador Pablo Juliano encabeza las conversaciones en representación de un sector de Provincias Unidas y con vínculos en la Coalición Cívica. Las gestiones también involucran a Nicolás Massot, Yolanda Vega y Bernardo Biella, cuyas firmas resultan clave para que la oposición consiga un dictamen de mayoría.
La propuesta impulsada por Unión por la Patria establece una emergencia por 180 días, prorrogable por un plazo similar, que fija topes en las tasas de interés nominal de tarjetas y billeteras, así como en comisiones y gastos, además de planes de refinanciación de hasta 36 meses. El texto también contempla la eliminación total de los intereses punitorios, la conservación del capital y de los intereses compensatorios, y otorga facultades a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo sobre la disparidad de tasas según el scoring.
Actualmente, unos seis millones de ciudadanos registran deudas con atrasos superiores a los tres meses, una problemática atribuida a la caída de ingresos, el aumento de servicios y la desregulación de tasas. Los datos oficiales y del sector financiero indican que el 12,8% de los créditos bancarios y el 25% de los préstamos fintech se encuentran en mora. Mientras el oficialismo y los bancos defienden el crecimiento del crédito, la oposición y agrupaciones de deudores advierten que dos tercios de esos préstamos se destinan a gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos, en un contexto donde la morosidad creció un 80% entre febrero de 2024 y julio de 2026 frente a una suba del 8% en el otorgamiento de créditos.