El artículo 127 de la Constitución Nacional establece que las provincias no pueden declararse la guerra entre sí y que sus diferencias deben someterse a la Corte Suprema. Sin embargo, diversas jurisdicciones mantienen históricas disputas territoriales, económicas y por recursos naturales que continúan vigentes.
Estas controversias suelen transitar por la vía legislativa para la fijación de límites y la judicial cuando surgen incumplimientos. No obstante, registros oficiales indican la existencia de numerosos expedientes judiciales vinculados a juicios interprovinciales.
Solo el 14% de los límites provinciales cuentan con aprobación del Congreso Nacional mediante leyes, mientras que el resto se rige por decretos de gobiernos de facto, acuerdos coloniales o laudos arbitrales. Investigaciones del Instituto Geográfico Nacional reflejan la presencia de tramos sin demarcar en todo el país.
Abogados constitucionalistas y expertos en geografía señalan que la falta de cumplimiento de los fallos judiciales debilita el pacto federal. Asimismo, destacan que las disputas combinan aspectos técnicos con intereses político-económicos sobre la infraestructura y los recursos.
Uno de los casos más resonantes es el enfrentamiento entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel y las regalías del complejo Los Nihuiles. La tensión escaló recientemente tras un decreto del Gobierno nacional que modificó la distribución de dichos beneficios económicos, derivando en presentaciones judiciales y cruces públicos entre los gobernadores Sergio Ziliotto y Alfredo Cornejo.