El máximo tribunal resolvió que las actuaciones judiciales abiertas contra el exsenador Edgardo Kueider continúen su trámite de manera independiente en la Justicia federal de San Isidro y en la provincia de Entre Ríos.
Kueider se encuentra detenido en Paraguay luego de ser apresado en 2024 junto a su pareja en el puente internacional que conecta ambos países, cuando trasladaba más de 200 mil dólares sin declarar. En territorio paraguayo recibió una condena por tentativa de contrabando de dinero y afronta una investigación por lavado de activos.
En territorio argentino, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado encabeza una pesquisa en San Isidro sobre presuntos hechos de corrupción y sobornos abonados por la firma de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos nacionales, lo que incluye a ENERSA, espacio donde Kueider se desempeñaba como funcionario.
Esta misma investigación judicial analiza delitos vinculados como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.
En paralelo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, instruye un expediente para determinar si el exlegislador registró un incremento patrimonial notable y sin justificación entre 1999 y 2019, lapso en el que ocupó diferentes funciones públicas a nivel municipal y provincial.
La magistrada federal había solicitado que el fuero provincial suspendiera la investigación sobre los años comprendidos entre 2015 y 2019, bajo el argumento de que existía conexidad con el expediente federal y peligro de una doble persecución penal.
Ante el rechazo de ese pedido por parte del juzgado provincial, el conflicto de competencia escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.
La Procuración General de la Nación aconsejó desestimar la inhibitoria al estimar que, en esta fase preliminar, no era conveniente acotar el radio de acción de la pesquisa provincial.
El procurador interino Eduardo Casal indicó también que corresponderá al juez provincial prevenir una posible afectación del principio ne bis in idem conforme la investigación avance en la precisión de los hechos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti adoptaron el criterio propuesto por Casal y desestimaron la inhibitoria pedida por Arroyo Salgado.