El Sindicato Trabajadores Viales y Afines declaró el estado de alerta ante la iniciativa oficial para sumar 26 tramos de rutas nacionales a un esquema de concesiones privadas. La organización gremial definió la medida como un ruticidio y responsabilizó al Poder Ejecutivo de llevar adelante un vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional con el propósito de justificar la privatización y la instalación de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
A partir de registros oficiales analizados por el sindicato, se determinó que entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron $1.503.252 millones asignados por ley al mantenimiento de caminos, pero únicamente se gastaron $394.406 millones en trabajos concretos. De este modo, hasta el 31 de mayo de 2026, una cifra superior al billón de pesos continuaba depositada en plazos fijos y títulos públicos, situación que luego fue reconocida por el propio Gobierno al señalar que una porción de esos fondos era manejada por el Ministerio de Economía para consolidar el equilibrio fiscal.
Frente a este escenario, la secretaria general del sector, Graciela Aleñá, expresó: ¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?
El documento difundido por el gremio también advierte sobre una contradicción en el proyecto de concesiones, ya que se le exige a Vialidad Nacional el control legal de miles de kilómetros intervenidos al mismo tiempo que se habilita un nuevo plan de Retiro Voluntario para disminuir su personal. Aleñá señaló sobre este punto que no se puede exigir más control con menos Vialidad y agregó que se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas.
Por último, la entidad sindical desestimó de manera terminante que las tareas en los caminos se analicen bajo parámetros de ganancia económica privada. La dirigente concluyó: No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado.