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La Defensoría del Pueblo desconoció las pretensiones de EdERSA

La Defensoría del Pueblo de la provincia, participó en la audiencia pública convocada por el Ente
Provincial Regulador de la Energía (EPRE) ante la pretensión de EdERSA de que se actualicen sus costos
operativos. Allí, rechazó por «injustificado» cualquier aumento tarifario por parte de la empresa
prestadora de energía eléctrica Edersa.
Para ello, se tuvieron en cuenta las actuaciones que durante estos años se tramitaron en el organismo de
control por irregularidades en la prestación del servicio por parte de EDERSA. Entre las se encuentran: la
falta de inversiones; cortes de luz constantes causados por inclemencias climáticas mínimas; falta de
reparación y/o cambio de postes de línea; subas y bajas diarias de tensión; incumplimientos por ejecución
de obras, reclamos por roturas de artefactos como consecuencias de diferencias de tensión; entre otros,
como ser los cortes superiores en cantidad y tiempo a los límites establecidos por el Contrato de
Concesión.
Al mismo tiempo la Defensoría consideró las sanciones económicas aplicadas por el EPRE a la
Distribuidora en reiteradas oportunidades; por lo que – según el organismo – queda demostrado que la
Distribuidora no cumplió con su obligación de realizar las inversiones necesarias que permitan brindar un
servicio eficiente.
Además, la concesionaria ha incumplido sus obligaciones con la proveedora de electricidad mayorista
CAMMESA, por sumas que rondan los 2.875 millones de pesos. Esta situación situación, generaría según
la Defensoría, el riesgo de una inminente interrupción de la regularidad del servicio público de
abastecimiento de energía en la provincia; atento a lo que establece la Resolución N° 124/02 emitida por
la ex Secretaría de Energía. El texto hace referencia a la posibilidad de una disminución mensual de
energía eléctrica por parte de la concesionaria en un 10%, en relación a su consumo histórico, y hasta
tanto se regularice la deuda con CAMMESA.
De esta manera, la Defensora del Pueblo rechazó la pretensión de aplicar cualquier aumento tarifario en la
medida que no existen motivos que lo justifiquen.

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